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Sin debido proceso en el sistema de cortes de inmigración

Los jueces de inmigración son empleados del Departamento de Justicia. Desde enero de 2025 el Departamento ha despedido o forzado a salir a unos sesenta sin causa declarada, ha anunciado que reemplaza a los jueces que conceden asilo “a tasas altísimas”, ha dicho al resto que los resultados inusuales pueden acarrear una “posible acción” y ha sostenido en corte que los fallos de un juez pueden tomarse en cuenta al decidir si se le despide. Dos ex juezas han descrito cómo se veía esa presión desde el estrado. El expediente, expuesto a continuación, sostiene una conclusión que debe decirse con claridad: una persona en proceso de expulsión hoy no comparece ante un tribunal neutral, y el debido proceso que promete la Constitución no está disponible en la corte de inmigración.

Jueces que responden al departamento que litiga el caso

Un juez de inmigración no es un juez en el sentido constitucional. Es un abogado empleado por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), un componente del Departamento de Justicia, y sirve bajo el Fiscal General, cuyo Departamento también litiga el caso de expulsión frente a él.

Los reglamentos intentan cuadrar ese círculo. Los jueces de inmigración “ejercerán su juicio y discreción independientes” en los casos que tienen ante sí. 8 C.F.R. § 1003.10(b). La Corte Suprema sostuvo en 1954 que cuando un reglamento confiere discreción a un adjudicador, el adjudicador debe ejercerla de verdad; una decisión dictada desde arriba no es una decisión. United States ex rel. Accardi v. Shaughnessy, 347 U.S. 260 (1954). El propio memorando de política de EOIR sobre la independencia judicial, PM 25-42 (22 de agosto de 2025), repite ambos puntos. Dice que “ningún empleado u oficial de EOIR puede ordenar a un adjudicador que falle de una manera determinada”, que “la presión de otros empleados u oficiales” es un factor inapropiado al decidir un caso, y que los jueces deben seguir “cualquier orden pertinente de una corte federal”.

El mismo memorando dice después lo siguiente. “Los adjudicadores atípicos o las métricas de resultados estadísticamente improbables”, medidos frente al resto del cuerpo de jueces, “pueden ser indicio de un sesgo sistemático o de un incumplimiento de la ley aplicable que amerita un examen detenido y una posible acción”. Y recuerda a cada juez que nada limita la autoridad del Fiscal General sobre los adjudicadores, “todos los cuales son oficiales inferiores sujetos tanto a nombramiento como a remoción”, citando a la Corte Suprema para la proposición de que el Presidente puede remover a oficiales “en quienes simplemente ha perdido la confianza”.

Un juez que lee ese memorando aprende dos cosas. Nadie puede ordenar un fallo determinado. Y los fallos que se apartan del promedio pueden terminar una carrera.

Los despidos, la razón declarada y la vigilancia

El expediente que sigue proviene de documentos públicos: un comunicado de la Casa Blanca, los memorandos de política de EOIR, los escritos presentados en el Circuito Federal sobre los despidos, una demanda presentada por una jueza despedida y una declaración jurada de otra.

Los despidos. Según el escrito que la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración presentó en el Circuito Federal el 4 de agosto de 2026, el Departamento comenzó a despedir jueces en periodo de prueba en febrero de 2025 y, a julio de 2026, había cesado a “casi 40” jueces que ya habían completado ese periodo, invocando el Artículo II de la Constitución y sosteniendo que las protecciones del servicio civil que el Congreso escribió para ellos son inconstitucionales. En ningún caso se dio una explicación individual. Esa cifra abarca a los jueces que ya habían superado el periodo de prueba; EOIR Insights, el seguimiento que este despacho lleva de las salidas reportadas, cuenta 60 jueces de inmigración despedidos o forzados a salir desde enero de 2025, cada entrada respaldada por un reportaje de prensa o un documento judicial identificado. El caso principal, Jackler v. Merit Systems Protection Board, No. 26-1575, está ante el pleno del Circuito Federal; la audiencia está fijada para el 10 de diciembre de 2026. No se ha decidido.

La razón declarada. El 9 de abril de 2026 la Casa Blanca publicó un comunicado titulado “Era of Amnesty Is Over” (“Se acabó la era de la amnistía”). Afirma que el Presidente ha estado “reemplazando a jueces activistas — que frenaban las deportaciones y concedían asilo a tasas altísimas — con profesionales comprometidos a hacer cumplir la ley”, y continúa: “No más jueces activistas que protegen a ilegales criminales. No más demoras interminables. Solo resultados”. Informa que el asilo “ahora se concede en apenas el 7% de los casos”.

Mapa de Estados Unidos con cada estado sombreado de azul a rojo según la proporción de sus jueces de inmigración en funciones nombrados por presidentes republicanos; casi todos los estados son de algún tono de rojo, y el promedio nacional es 65 por ciento.
El estrado que produjeron los reemplazos. Cada estado está sombreado según la proporción de sus jueces de inmigración actualmente en funciones nombrados por presidentes republicanos; los estados rayados no tienen corte propia. De los 735 jueces en funciones, 480 fueron nombrados por presidentes republicanos y 254 por presidentes demócratas. El sombreado muestra quién nombró a los jueces, no cómo deciden los casos. Fuente: EOIR Insights, octubre de 2026, con el desglose corte por corte.

La vigilancia. El escrito de la asociación de jueces relata que, a partir de mayo de 2025, los jueces jefes adjuntos de inmigración dijeron a los jueces en funciones que sus audiencias estaban siendo monitoreadas. Cita al Fiscal General interino, según lo reportó el Washington Post el 6 de mayo de 2026: los jueces que “no están aplicando la ley como debe aplicarse, que demoran de manera inapropiada, que tienen atrasos simplemente inaceptables, son las personas para las que vamos a tratar de encontrar a alguien distinto que ocupe ese puesto”, y sobre los nuevos contratados, “y después los vigilaremos”. El escrito también cita el reportaje del New York Times de abril de 2026 según el cual más de dos docenas de jueces de inmigración que sirvieron bajo esta administración “describieron sentir una presión constante para deportar inmigrantes o arriesgarse a perder su empleo”, y un aviso de empleo del Departamento, publicado por primera vez en noviembre de 2025, que anuncia el puesto como “juez de deportación”.

La posición del Departamento. En su propio escrito en Jackler, presentado el 28 de agosto de 2026, el Departamento reconoce que los jueces deben decidir los casos de manera independiente, a la vez que sostiene que las decisiones adjudicativas de un juez pueden tomarse en cuenta al decidir si se le remueve. Esas dos posiciones no son conciliables. Si los fallos pueden costarle el puesto a un juez, la amenaza del despido moldea los fallos.

Dos ex juezas describen las instrucciones que recibieron

Dos ex juezas de inmigración han descrito instrucciones concretas que dicen haber recibido. Un relato está en una demanda presentada en corte federal; el otro es una declaración jurada. Ambos son alegaciones que el gobierno todavía no ha contestado, y así se presentan aquí.

La jueza Chloe Dillon, San Francisco. En una demanda presentada el 10 de septiembre de 2026 en el Distrito Norte de California, Dillon v. Blanche, No. 3:26-cv-10143, una ex jueza de inmigración de San Francisco alega lo siguiente. El 22 de abril de 2025, la jueza jefa adjunta de su corte envió un correo a todos los jueces indicando que las mociones de ICE para cambiar de sede debían concederse y negarse solo en “circunstancias excepcionales”. Ella objetó que la directiva contradecía el precedente de la Junta, Matter of Rahman, que deja la sede a la discreción del juez, y que trasladar casos de personas detenidas lejos de sus abogados locales podía dejar a los demandados sin representación. Alega que la supervisora respondió que “la Casa Blanca” estaba prestando atención y que debía tener cuidado con insistir en el tema.

El 20 de agosto de 2025, alega, un hombre sin abogado llegó temprano y de traje a su audiencia de calendario maestro. El abogado de ICE presentó una moción oral para desestimar su caso y así poder colocarlo en expulsión acelerada. Cuando la jueza preguntó si alguna orden de una corte federal afectaba lo que estaba por ocurrir, el abogado de ICE le dijo que “no era asunto [suyo]”. Ella le dio al hombre un breve aplazamiento para buscar abogado. Fue arrestado al salir de la sala. Al revisar el expediente esa tarde, concluyó que casi con certeza era un menor no acompañado designado que no podía ser colocado legalmente en expulsión acelerada, y escribió a su supervisora que le preocupaban posibles violaciones de la ley y del debido proceso. Aproximadamente 48 horas después, alega la demanda, recibió una carta de la directora interina de EOIR que la cesaba “conforme al Artículo II de la Constitución”. La demanda afirma que de los 22 jueces de la corte de San Francisco en 2025, casi 20 fueron despedidos ese año.

La jueza Jenny Beverly, Chelmsford, Massachusetts. En una declaración firmada el 2 de junio de 2026 y presentada en Advocates for Human Rights v. EOIR, No. 1:26-cv-00865 (D.D.C.), una ex jueza afirma que antes de una audiencia del 5 de junio de 2025 para un adolescente arrestado por ICE, su juez jefe adjunto le ordenó comenzar la audiencia treinta minutos antes de la hora publicada, no admitir en WebEx a ningún observador salvo el centro de detención, alegar “dificultades técnicas” si alguien preguntaba, y terminar antes de la hora publicada para que la prensa y el público no pudieran observar. Se negó. Mantuvo la audiencia abierta, comenzó a la hora y admitió a más de cien observadores. Renunció el mes siguiente y afirma que esas instrucciones contribuyeron a su decisión.

Las audiencias de inmigración son públicas por reglamento. 8 C.F.R. § 1003.27. Su declaración describe a un supervisor ordenando a una jueza cerrar una audiencia y dar una razón falsa.

Un tribunal con interés en el resultado

La objeción no es que los jueces de inmigración sean personas parciales. Es que las condiciones de su empleo crean un riesgo de parcialidad que la Constitución no tolera, ceda o no conscientemente algún juez ante él.

Eso es derecho establecido. El debido proceso no exige que un litigante pruebe lo que un juez pensaba en privado; prohíbe la adjudicación bajo circunstancias que presentan un riesgo inaceptable de parcialidad. Caperton v. A.T. Massey Coal Co., 556 U.S. 868 (2009); Ward v. Village of Monroeville, 409 U.S. 57 (1972). Hace un siglo la Corte Suprema anuló condenas dictadas por un alcalde que cobraba doce dólares de cada multa que imponía. Tumey v. Ohio, 273 U.S. 510 (1927). La asociación de jueces hace la comparación directamente: un bono de unos cientos de dólares por cada asilo negado violaría claramente el debido proceso, y la amenaza de perder un salario judicial por conceder asilo es, en términos económicos, lo mismo. La Corte dijo ya en 1871 que un oficial judicial debe estar “libre para actuar según sus propias convicciones, sin temor a consecuencias personales”. Bradley v. Fisher, 80 U.S. 335 (1871).

Las respuestas del gobierno no contestan la objeción. Que el Fiscal General pueda constitucionalmente nombrar y remover jueces de inmigración, como sostuvo el Noveno Circuito en Duenas v. Garland, 78 F.4th 1069 (2023), no significa que pueda usar ese poder para dictar el resultado de un caso. La Corte Suprema reconoció en Marcello v. Bonds, 349 U.S. 302 (1955), que el Fiscal General no podía dirigir las decisiones de la Junta bajo los reglamentos vigentes. Y la instrucción del Departamento a sus jueces en septiembre de 2025, PM 25-45, de que “no pueden considerar impugnaciones constitucionales estructurales a su propia existencia”, no responde a una objeción tal como se aplica: que en este procedimiento, con este expediente, la presión desplazó al juicio. Withrow v. Larkin, 421 U.S. 35 (1975), preservó exactamente ese tipo de impugnación.

Tampoco es esta una objeción a un fallo adverso. Un litigante que pierde no puede alegar parcialidad por haber perdido; la Junta y la Corte Suprema lo han dicho. Liteky v. United States, 510 U.S. 540 (1994); Matter of Exame, 18 I. & N. Dec. 303 (B.I.A. 1982). La objeción aquí descansa en evidencia ajena al fallo: los memorandos, los despidos, las declaraciones públicas y los relatos de jueces a quienes se les dijo qué hacer.

Por qué el debido proceso no está disponible hoy en la corte de inmigración

El debido proceso, en su núcleo, significa aviso y una audiencia justa ante quien decide con neutralidad. La audiencia puede ser imperfecta de muchas maneras y seguir siendo una audiencia. Lo que no puede ser es una audiencia ante alguien cuyo sustento depende del resultado.

El expediente expuesto arriba muestra que esa condición no se cumple hoy en la corte de inmigración, y no solo en los casos difíciles.

Primero, los jueces son removibles a voluntad, y el Departamento los ha removido. Eso no es una teoría; es la posición litigiosa del propio Departamento ante el Circuito Federal, ejecutada decenas de veces: casi cuarenta jueces fuera del periodo de prueba según la cuenta de la asociación, sesenta jueces en total según el recuento de salidas reportadas de EOIR Insights.

Segundo, la base declarada para la remoción son los resultados. El comunicado de la Casa Blanca dice que la administración está reemplazando a los jueces que “concedían asilo a tasas altísimas”. El memorando de política dice a los jueces que los casos estadísticamente atípicos enfrentan una “posible acción”. El escrito del Departamento dice que los fallos pueden tomarse en cuenta al decidir a quién remover. A un juez no hace falta decirle cómo fallar en un caso concreto. Ya se le ha dicho lo que cuestan los fallos.

Tercero, la presión está llegando a las decisiones individuales. Dos juezas han descrito que se les ordenó conceder las mociones del gobierno, cerrar una audiencia pública y dar una razón falsa, y que se les advirtió que “la Casa Blanca” estaba observando. Una de ellas fue despedida dos días después de reportar lo que creía eran violaciones de la ley.

Cuarto, las vías para corregir esto desde dentro del sistema están cerradas. El Departamento ha dicho a sus jueces que no pueden considerar impugnaciones estructurales a su propia independencia. La asociación de jueces intentó plantear el problema en corte y se le dijo, en agosto de 2026, que su queja corresponde a la junta del servicio civil cuya autoridad sobre estos despidos el Departamento disputa. Un juez que habla públicamente de cualquiera de estas cosas necesita aprobación de un supervisor para hacerlo. Las personas mejor situadas para decir que el sistema está comprometido son las personas que no pueden decirlo.

Junte todo eso y la conclusión se sigue sola. Un tribunal cuyos miembros pueden ser cesados por sus fallos, al que se le ha dicho qué fallos están mal vistos, y que no tiene medio interno de objetar, no es un tribunal neutral. Una persona en proceso de expulsión todavía puede ganar. Los jueces siguen concediendo beneficios; algunos arriesgarán su puesto para hacerlo. Pero un derecho que depende del valor del juez individual no es un derecho. Es una posibilidad.

Fuentes. Memorandos de política de EOIR 25-42, Adjudicator Independence and Impartiality (22 de agosto de 2025), y 25-45, Consideration of Constitutional Arguments in Agency Adjudications (5 de septiembre de 2025); Casa Blanca, “Era of Amnesty Is Over: President Trump Restores Rule of Law to Immigration Courts” (9 de abril de 2026); escrito de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración como amicus curiae, y escrito del Departamento de Justicia como interviniente, Jackler v. Merit Systems Protection Board, No. 26-1575 (Cir. Fed., 4 y 28 de agosto de 2026); demanda, Dillon v. Blanche, No. 3:26-cv-10143 (N.D. Cal., 10 de septiembre de 2026); declaración de Jenny V. Beverly, Advocates for Human Rights v. EOIR, No. 1:26-cv-00865 (D.D.C., presentada el 9 de junio de 2026); Margolin v. National Association of Immigration Judges, No. 25-767 (Corte Suprema de EE. UU., 26 de mayo de 2026), y la decisión de la corte de apelaciones de agosto de 2026 en reenvío; Amica Center for Immigrant Rights v. EOIR, No. 1:26-cv-00696 (D.D.C., 8 de marzo de 2026); Asylum Seeker Advocacy Project v. EOIR, No. 1:25-cv-03299 (D. Md., 22 de septiembre de 2026); The Advocates for Human Rights v. Blanche, No. 1:26-cv-00865 (D.D.C., 3 de septiembre de 2026).

Si tiene una audiencia próxima, programe una consulta o contacte al despacho. Las cifras de cada juez, incluida la proporción de órdenes de expulsión dictadas en ausencia, están en EOIR Insights.